Foto: X (Twitter) @BomberosQuito
El Distrito Metropolitano de Quito vivió una de las jornadas más desafiantes y críticas de la actual temporada seca. El pasado domingo 2 de agosto, un voraz incendio forestal desatado en el sector La Victoria, en la parroquia rural de El Quinche, puso en máxima alerta a los organismos de socorro y mantuvo en zozobra a los moradores de la zona nororiental.
El flagelo, avivado por fuertes ráfagas de viento y una topografía accidentada que dificultó el ingreso terrestre, consumió de forma preliminar entre 56 y 65 hectáreas de cobertura vegetal. La magnitud del fuego fue tal que las llamas avanzaron descontroladamente por las quebradas y laderas, quedando a escasos metros de viviendas particulares e invernaderos productivos, poniendo en riesgo el patrimonio y los medios de subsistencia de familias campesinas dedicadas a la agricultura y la crianza de animales de granja.
La emergencia en El Quinche no fue un hecho aislado. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que durante ese mismo día la capital debió enfrentar una oleada de cinco incendios forestales en menos de 24 horas, reportados de manera simultánea en puntos estratégicos como Itulcachi, La Libertad, La Merced y Tanda.
Mientras cuatro de estos flagelos pudieron ser contenidos con relativa rapidez, el de El Quinche presentó complejidades extremas que obligaron a extender las labores de combate durante la madrugada y a reforzar el operativo con apoyo aéreo (incluyendo el uso del helicóptero Argus 1 y sistemas de descarga de agua), así como la apertura manual de líneas cortafuego por parte de los casacas rojas y el apoyo logístico de tanqueros municipales.
Asimismo, las autoridades locales emitieron alertas sanitarias ante las densas columnas de humo y ceniza visibles desde varios puntos de la capital, recomendando a la ciudadanía especialmente a niños, adultos mayores y personas con patologías respiratorias reducir la exposición al aire libre y utilizar mascarilla.
Frente a la renuencia y la mano humana detrás de la mayoría de estos siniestros —atribuídos a negligencias, quemas agrícolas mal controladas o fogatas—, el Municipio de Quito y el Gobierno Nacional aplican un marco legal de tolerancia cero.
Las consecuencias legales para quienes provoquen incendios forestales son severas e implican tanto responsabilidades administrativas como procesos penales:
Sanciones Económicas e Infracciones Ambientales (Ordenanza Metropolitana):
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) y las ordenanzas vigentes tipifican las multas según la gravedad del daño ecológico y urbano:
Sanción Penal (Código Orgánico Integral Penal - COIP):
Por su parte, el Artículo 246 del COIP estipula que la persona que provoque directa o indirectamente incendios en bosques, vegetación arbustiva o páramos se enfrenta a una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En los escenarios más trágicos donde el fuego cobre vidas humanas, la legislación contempla penas de 13 a 16 años de presidio.
Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar una cultura de prevención y evitar cualquier actividad de quema de rastrojo, acumulación de basura o uso de fuego en áreas vulnerables. Ante cualquier columna de humo o sospecha de flagelo, se solicita reportar de inmediato a la línea única de emergencias 911.
Publicidad
Redes Sociales - Marketing Digital - Página Web - Minayon.com
Nosotros podemos ayudarte :)